Opinión del Procurador
General de la Nación.
Noviembre 12 de 1981
1. - La defensa del
condenado interpuso recurso extraordinario contra el fallo que consideró a su
defendido autor del delito de robo con armas. Sostiene que lo resuelto
transgredió el principio contenido en el art. 18 de la Constitución Nacional
en cuanto manda que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y con
ello la inviolabilidad de la defensa en juicio. Funda su presentación en que,
según las constancias obrantes en la causa, el imputado habría sido víctima de
apremios ilegales lo que invalida a la declaración en sede policial en la que
confiesa el ilícito.
Agrega que pese a ello
la alzada consideró que la declaración aun en esas condiciones constituía una
grave presunción contra el acusado.
Denegada la concesión
del recurso, por entender el tribunal que sólo plantea cuestiones de hecho y
prueba propias de dos jueces de la causa, la declarante arriba a esta instancia
mediante la queja en análisis.
2. - En la sentencia, la
mayoría del tribunal expresa que si bien se constataron lesiones en el
prevenido que demostrarían que fue apremiado físicamente, sus dichos
permitieron esclarecer un hecho ilícito que no había sido denunciado. Así se
ubicó un comercio de discos fonográficos cuya dueña admitió haber sido asaltada
y despojada. En el domicilio del acusado se comprobó que había allí guardados
parte de los efectos robados, entre ellos un anillo tipo alianza grabado, con
iniciales y una fecha, lo que concordaba con la declaración de la damnificada.
Concluye la alzada de
las manifestaciones del ahora condenado en ningún momento se consideraron
confesión pero sí constituyen una presunción grave que halló adecuada
corroboración en el relato de la victima y el secuestro de parte de los
sustraídos, acreditándose de tal manera tanto la materialidad del hecho cuanto
la autoría del acusado.
3. - Considero que la
tacha que se dirige contra la sentencia dictada en autos suscita cuestión
federal bastante para ser considerada en esta instancia.
Abordo pues el fondo del
asunto dado que la inexistencia de otras partes interesadas toma innecesaria
otra sustentación.
En mi opinión cabe razón
a la recurrente cuando sostiene que lo decidido resulta violatorio de lo
dispuesto en el art. 18 de la Constitución Nacional. en cuanto prescribe que
"nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo", como una
manifestación de la inviolabilidad de la defensa en juicio.
En efecto, de dicha
garantía surge como consecuencia lógica e inevitable que si una persona es
obligada a declarar contra sí, tal declaración debe considerarse inexistente y
no podrá por lo tanto ser tenida en cuenta ni valorada acerca de la exactitud
de los dichos.
La interpretación
contraria desvirtúa la garantía de que se trata, pues implica admitir que las
declaraciones obtenidas bajo coacción física son válidas y utilizables contra
el acusado, aunque más no fuere como indicio, si se las considera veraces.
Arribaríamos así a una larvada, pero por ello no menos peligrosa, justificación
de la tortura.
Cierto es, que en el
presente caso existen otras pruebas contra el acusado además de la declaración
impugnada. Ellas son el secuestro en su poder de los efectos robados, la
declaración de la damnificada sobre la existencia del hecho y la circunstancia
de que una de las alhajas incautadas tuviera grabadas las iniciales del
testigo, tal como ésta lo manifestó en su declaración.
Estos importantes
elementos de juicio conectan a Montenegro con el ilícito investigado, sin
embargo, el tribunal a quo no ha demostrado, a mi juicio, que, sin tener en
cuenta la declaración de imputado, pueda probarse en autos que es autor del
hecho que se le reprocha.
En tales condiciones,
opino que debe dejarse sin efecto el fallo recurrido y disponerse que, por
quien corresponda, se dicte uno nuevo conforme a derecho.
Fdo.: María Justa López.
Buenos Aires, diciembre 10 de 1981.
Considerando:
1°) Que la cuestión
federal planteada en autos consiste en decir acerca de la validez de la condena
dictada, a la que se arribó como consecuencia de hechos que se consideraron
probados a través de una investigación basada en la confesión extrajudicial
obtenida del reo mediante los apremios ilegales a que fuera sometido.
2°) Que la cuestión de
hecho relativa a la existencia de tal coacción ha sido resuelta afirmativamente
por los tres jueces de cámara (ver punto II del voto de mayoría y la totalidad
de la disidencia).
También coinciden los
magistrados ordinarios en que la aplicación de la tortura ha sido decisiva para
la solución de la causa, tal como lo pone de manifiesto el voto de mayoría a
fs. 269 cuando afirma que "merced a esas manifestaciones (las obtenidas
con los apremios) se esclareció el hecho", a fs. 269 vta. cuando les
otorga el valor de "presunciones graves, precisas y concordantes" y
finalmente cuando condena a Montenegro por ser autor del robo, autoría que sólo
resulta, como señala el juez disidente a fs. 271 vta., de la confesión obtenida
por coacción.
La cuestión se reduce,
pues, a saber si la utilidad que los apremios prestaron para la investigación
otorga validez a las manifestaciones que fueron fruto de ese medio ilegal.
3°) Que el recurso
extraordinario cuya denegación motiva esta queja somete al tribunal "el
conflicto entre dos intereses fundamentales de la sociedad;; su interés en una
rápida y eficiente ejecución de la ley y su interés en prevenir que los
derechos de sus miembros individuales resulten menoscabados por métodos
inconstitucionales de ejecución de la ley" según lo definiera la Corte Suprema de los
Estados Unidos ante un caso similar ("Spano vs. New York", 360 U.S.
315-1958).
4°) Que tal conflicto se
halla resuelto en nuestro país desde los albores de su proceso constituyente
cuando la Asamblea
de 1813, calificando al tormento como "invención horrorosa para descubrir
los delincuentes" mandó quemar los instrumentos utilizados para aplicarlo
(ley del 19 de mayo de 1813, "Asambleas Constituyentes Argentinas",
t. I. p. 44), decisión que se concretó en la prohibición contenida en el art.
18 de la Constitución
de obligar a alguien a declarar contra sí mismo, sobre cuya base esta Corte, a
lo largo de su actuación, ha descalificado las confesiones prestadas bajo la
coacción moral que importa el juramento (Fallos, t. 1, p. 350 y t. 281, p.
277).
5°) Que el acatamiento
por parte de los jueces de ese mandato constitucional no puede reducirse a
disponer el procesamiento y castigo de los eventuales responsables de los
apremios, porque otorgar valor al resultado de su delito y apoyar sobre él una
sentencia judicial, no sólo es contradictorio con el reproche formulado, sino
que compromete la buena administración de justicia al pretender constituirla en
beneficiaria del hecho ilícito.
Por ello, de acuerdo a
lo dictaminado por el Procurador General, se declara mal denegado el recurso
extraordinario y se revoca la sentencia apelada en cuanto fue objeto de él a
fin de que se dicte un nuevo pronunciamiento acorde a derecho.
Fdo.: Adolfo R.
Gabrielli - Abelardo F. Rossi - Elías P. Guastavino - César Black.
