Corte
Suprema de los Estados Unidos
Argumentado el
6 y el 7 de enero de 1964
Decidido el 9
de marzo de 1964
Fallo en inglés: http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0376_0254_ZO.html
Doctrina en relación al fallo: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1844/7.pdf
(traducción)
Fallo en inglés: http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0376_0254_ZO.html
Doctrina en relación al fallo: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1844/7.pdf
The New York Times Company, Petitioner, v. L. B.
Sullivan. Ralph D. Abernathy
et al., Petitioners, v. L.
B. Sullivan. No. 39,40.
El Sr. Juez
Brennan redactó la opinión de la
Corte.
Se nos requiere en este caso que
determinemos, por primera vez, en qué medida la protección constitucional de la
expresión y la prensa limitan el poder de un Estado para estipular el pago de
daños en una acción por injurias, iniciada por un funcionario público contra
los críticos de su conducta oficial.
L. B. Sullivan*,
es uno de los tres Comisarios electos de la ciudad de Montgomery, Alabama.
Ha testificado que
él era ‘Comisario de Asuntos Públicos y sus tareas eran la supervisión del
Departamento de Policía, Departamento de Bomberos, Departamento de Cementerios
y Departamento de Pesas y Medidas”. Ha iniciado una acción civil por injurias
contra cuatro individuos negros, clérigos del estado de Alabama, y contra ‘The
New York Times Company’, una sociedad de Nueva York que publica el diario New
York Times. Un jurado del Tribunal de primera instancia del condado de
Montgomery le otorgó una indemnización por daños por la suma de U$S 500.000, el
total de la suma reclamada, contra los antedichos demandados, y la Suprema Corte de
Alabama confirmó tal sentencia.
El apelado alega
que fue injuriado por expresiones vertidas en un aviso publicado a toda página
por The New York Times el 29 de marzo de 1960. El aviso, titulado “Atended a
las voces que se alzan”, comenzaba diciendo que “como todo el mundo sabe hoy,
miles de estudiantes negros sureños participan en multitudinarias
demostraciones pacíficas en afirmación de su derecho a vivir dignamente como lo
garantizan la
Constitución y el Bill of Rights de los Estados Unidos”.
Continúa diciendo que ‘en un esfuerzo por asegurar estas garantías se han
encontrado con una ola de terror sin precedentes, creada por aquellos que
niegan tal documento (la
Constitución ) al que todo el mundo mira como modelo de la
libertad moderna”. Párrafos posteriores tienen por objeto ilustrar tal ola de
terror, describiendo algunos acontecimientos supuestamente acaecidos. El aviso
concluye con un pedido de fondos para tres propósitos: sostener el
movimiento estudiantil, la lucha por el derecho al voto, y la defensa legal del
doctor Martin Luther King jr., líder del movimiento, contra una acusación por
falso testimonio que entonces se hallaba pendiente en Montgomery.
A continuación del
texto se encuentran los nombres de sesenta y cuatro personas ampliamente
conocidas por sus actividades políticas, religiosas, sindicales y artísticas…
Omissis…
De los diez
párrafos del texto de la solicitada, el tercero y parte del sexto son la base
del reclamo por
injurias. Esos párrafos dicen lo siguiente:
Tercer párrafo:
“En Montgomery, Alabama, después de que los estudiantes cantaran ‘My Country,
Tis of Thee’ (un himno patriótico) en las escalinatas de la legislatura
estatal, sus líderes fueron expulsados de la Universidad y camiones
de la policía armados con escopetas y gas lacrimógeno circundaron el predio de la Universidad estatal de
Alabama. Cuando todo el cuerpo estudiantil se negó a inscribirse (para el nuevo
ciclo lectivo), en protesta contra las autoridades estatales, el salón comedor
fue cerrado con candado, en un intento de vencerlos por medio del hambre”.
Sexto párrafo:
“Una y otra vez los violadores sureños han respondido a las protestas pacíficas
del doctor King con intimidación y violencia. Han colocado bombas en su casa, y
casi mataron a su mujer y su hijo. Han atacado su persona y lo han arrestado en
siete oportunidades —por velocidad excesiva, vagancia y delitos semejantes— .
Ahora lo acusan de falso testimonio —un delito en virtud del cual podrían
ponerlo en prisión por diez años—”… omissis…
(Si bien el actor
no ha sido mencionado por su nombre, él alega que tales expresiones importan
atribuirle una mala conducta como comisario de Montgomery a cargo de la
supervisión del Departamento de Policía).
No se ha
controvertido que algunas de las expresiones contenidas en los apartados no son
descripciones exactas de los hechos que ocurrieron en Montgomery. Si bien hubo
una demostración de estudiantes negros en las escalinatas de la Legislatura estatal,
cantaron el Himno Nacional y no ‘My country, Tis of Thee’. Es cierto que nueve
estudiantes fueron expulsados por el Consejo de Educación del Estado, pero no
lo fueron por liderar la demostración ante la Legislatura , sino por
requerir que se les sirviera el almuerzo en el comedor de los tribunales del
condado de Montgomery, en otra fecha. Tampoco fue al totalidad del
estudiantado, sino una gran mayoría de éste la que protestó por la expulsión, y
no lo hicieron negándose a inscribirse, sino boicoteando las clases durante un
día; virtualmente todos los estudiantes se inscribieron para el semestre
siguiente. El comedor del campus no fue cerrado con candados en ninguna
ocasión, y los únicos estudiantes a los que se les pudo haber negado el derecho
a servirse fue a los pocos que no habían firmado su solicitud de inscripción,
ni requerido cupones de almuerzo temporarios. Si bien la policía se desplegó
cerca del campus en gran número, en tres ocasiones, en ningún momento lo
circundaron, ni tampoco fue llamada en conexión con la demostración en las
escalinatas de la
Legislatura como pareciera surgir del tercer párrafo. El
doctor King no fue arrestado en siete oportunidades sino sólo en cuatro; y si
bien alega haber sido golpeado algunos años antes en conexión con su arresto
por ‘vagancia’ a la salida de los tribunales, uno de los oficiales que efectuó
el arresto niega que hubiere existido tal ataque.
Partiendo del
supuesto de que los cargos del sexto párrafo pudieran referirse a su persona,
al señor Sullivan se le dio la oportunidad de probar que él no había
participado en los eventos descriptos. La casa del doctor King fue, en efecto,
objeto de atentados con bombas en Corte Suprema de Justicia de la Nación - Secretaría de
Jurisprudencia dos oportunidades, cuando su esposa e hijos se hallaban dentro;
sin embargo ambos hechos ocurrieron con anterioridad al nombramiento del señor
Sullivan como comisario y la policía no sólo no estuvo
implicada en los atentados sino que hizo todos los esfuerzos posibles para
aprehender a los responsables. Tres de los cuatro arrestos del doctor King
tuvieron lugar antes de que el apelado fuera designado comisario. Si bien el
doctor King fue, en efecto, acusado y luego absuelto en dos casos de falso
testimonio, cada uno de los cuales le podría haber acarreado una sentencia de
hasta cinco años, Sullivan no tuvo ninguna relación con dicha acusación…
omisis….
El juez de primera
instancia a cargo del caso instruyó al jurado que las expresiones vertidas en
el aviso eran injuriosas per se, y no se hallaban privilegiadas, de forma que
los acusados podrían ser encontrados responsables si el jurado encontraba que
se había publicado la solicitada y que las expresiones habían sido hechas
‘sobre y en referencia al’ señor Sullivan… omissis…
Bajo la ley de
Alabama, tal como fue aplicada en este caso… omissis… una vez que la
injuriosidad per se ha sido establecida, el acusado no tiene otra defensa más
que convencer al jurado de que las expresiones eran ciertas en todos sus
términos (citas omitidas). Aunque (bajo la ley de Alabama) existe un derecho a
‘opinar’, éste depende de que los hechos que implícitamente sostiene el
comentario como base para sus conclusiones sean verdaderos.
Omissis… las
garantías constitucionales de libertad de expresión y de prensa son
inaplicables aquí, al menos con respecto al Times, incluso cuando las
afirmaciones pretendidamente difamatorias fueron publicadas como parte de un
aviso pago “de carácter comercial”. Omissis…
La publicación
aquí no era publicidad comercial en el sentido en que la palabra fue usada en
“Chrestensen”. La solicitada comunicaba información, expresaba opinión,
señalaba agravios, protestaba contra pretendidos abusos y buscaba apoyo
financiero en nombre de un movimiento cuya existencia y objetivos son asuntos
del más alto interés y preocupación públicos (ver N.A.A.C.P. vs. Button, 371 US
415, 435, 83 S.Ct. 328, 9 L .Ed.
2d 405). La circunstancia de que al Times se le hubiera pagado por publicar la
solicitada es tan inmaterial en este aspecto como lo es el hecho de que los
diarios y libros se vendan (citas omitidas). Cualquier otra conclusión
desalentaría a los diarios de publicar “avisos editoriales” de este tipo, y así
podría cerrarse una importante vía para la divulgación de información e ideas por
personas que no tienen acceso por sí mismas a
los medios de prensa —quienes desean ejercitar su libertad de expresión incluso
sin ser miembros de la prensa— (citas omitidas). Para evitar una limitación tal
sobre la libertad de expresión, sostenemos que si las afirmaciones
supuestamente difamatorias están protegidas por la Constitución , ellas
no pierden tal protección por haber sido publicadas en la forma de un aviso
pago (citas omitidas). Omissis…
La enmienda I,
dice el juez Learned Hand, presupone que es más factible que se arribe a
conclusiones ciertas partiendo de una multitud de opiniones, que en virtud de
una selección autoritaria. Para muchos, esto es y será siempre una locura. Pero
lo hemos hecho nuestro.
“United States v. Associated Pres2, 52 F . Supp. 362, 372 (SDNY
1943)… omissis… Consideramos
entonces este caso a la luz de un profundo compromiso nacional con el principio
que establece que el debate sobre la ‘cosa pública’ debe ser intenso, abierto y
sin inhibiciones, y que bien puede incluir ataques vehementes, cáusticos, y aún
en algunas ocasiones ataques desagradablemente filosos contra el gobierno y sus
funcionarios (citas omitidas). La presente solicitada, como expresión de
agravio y protesta acerca de uno de los asuntos públicos de mayor interés en
nuestro tiempo, claramente califica para recibir protección constitucional. La
cuestión es si pierde esta protección por la falsedad de algunas de sus
expresiones y la supuesta injuria al señor Sullivan.
Interpretaciones muy
autorizadas acerca de las garantías de la enmienda I, consistentemente han
rechazado reconocer una excepción para la prueba de verdad —ya sea administrada
por jueces, jurados, o funcionarios— y especialmente aquella que pone la carga
de probar la verdad en el que habló o publicó la expresión injuriosa (citas
omitidas). La protección constitucional no se refiere a la verdad, popularidad
o utilidad social de las ideas y creencias que se ofrecen (citas omitidas). En
‘Cantwell v. Connecticut’ 310 US 296, la Corte declaró:
“En el reino de la
fe religiosa y en el de las creencias políticas siempre existen grandes
desacuerdos. En ambos campos, las convicciones de un hombre pueden parecer el
más manifiesto error a su vecino. Para persuadir a otros a aceptar su propio
punto de vista, el partidario, tal como lo sabemos, algunas veces apela a la
exageración, a la difamación de hombres que han sido o aún son prominentes en la Iglesia o en el Estado, e
incluso recurre a la mentira. Pero la gente de esta Nación ha ordenado a la luz
de la historia que, a pesar de la probabilidad de excesos y abusos, estas
libertades son, en el largo plazo, esenciales para aclarar la opinión y la
conducta recta de los ciudadanos de una democracia”… omissis…
Si ni el error de
hecho, ni el contenido injuriante son suficientes para remover el escudo
constitucional de la crítica a la conducta pública de un funcionario, la
combinación de los dos elementos no es menos inadecuada. Esta es la lección que
debemos aprender de la gran controversia sobre la ley de sedición de 1798, 1
Stat. 596, que por primera vez cristalizó una conciencia nacional sobre el
significado de la enmienda (citas omitidas). Esta ley tipificó y penó con una
multa de U$S 5.000 y cinco años de prisión, ‘al que escribiera, imprimiera,
dijera o publicara… omissis… cualquier escrito o escritos falsos, escandalosos
y maliciosos contra el gobierno de los Estados Unidos, o cualquier Cámara del
Congreso… omissis… o el presidente …omissis… con la intención de
difamar…omissis…, despreciar o desprestigiar a ellos o a cualquiera de ellos;
excitar en su contra, o contra cualquiera de ellos, el odio de la buena gente
de los Estados Unidos’. La ley permitía al acusado alegar la verdad de lo
expresado en su defensa, y siempre que el jurado juzgara tanto la ley cuanto
los hechos. A pesar de estos atenuantes, la ley fue fuertemente condenada como
inconstitucional en un ataque al que se sumaron Jefferson y Madison. En las
famosas revoluciones de Virginia de 1798, la Asamblea General
de Virginia resolvió que ella ‘protesta enfáticamente contra las palpables y
alarmantes infracciones a la
Constitución existentes en las dos recientes ‘leyes de
sedición y extranjeros’ aprobadas en la última sesión del Congreso……omissis… La
ley de sedición ejerce …omissis… un poder no delegado por la Constitución ; por el
contrario, ejerce un poder expresa y positivamente prohibido por una de sus
enmiendas —un poder que, más que cualquier otro, debe producir alarma universal,
ya que se levanta contra el derecho a examinar libremente los personajes y
medidas públicas, y a la libre comunicación del pueblo sobre éstos, derecho que
fue siempre justamente reconocido como el único guardián efectivo de todos los
otros derechos”. (4 Elliot’s Debates, p. 553:554).
Madison preparó el
informe en apoyo de dicha protesta. Su premisa fue que la Constitución creó una
forma de gobierno en la cual ‘el pueblo, no el gobierno, posee la soberanía
absoluta’. La estructura del gobierno dispersó el poder como reflejo de la
desconfianza que el pueblo sentía por las concentraciones de poder, y por el
poder mismo a todo nivel. Esta forma de gobierno era ‘totalmente distinta’ de
la británica, en la cual la
Corona era soberana y el pueblo era un súbdito. ‘¿No es acaso
natural y necesario, bajo tan diferentes circunstancias’, él preguntaba, ‘que
un nivel distinto de libertad en el uso de la prensa sea previsto? Id., ps.
596-570.
Corte Suprema de
Justicia de la Nación
- Secretaría de Jurisprudencia Anteriormente, en un debate en la Cámara
de Representantes, Madison había dicho: ‘Si estudiamos la forma republicana de
gobierno, encontraremos que el poder de censurar pertenece al pueblo sobre el
gobierno, y no al gobierno sobre el pueblo’ (4 Annals of Congress, p. 934
(1974)). Del ejercicio de ese poder por parte de la prensa, su informe decía:
‘Probablemente en cada Estado de la
Unión , la prensa ha ejercido una libertad para discutir los
méritos y la capacidad de los hombres públicos, de cualquier género, que no ha
sido confinada a los límites estrictos de la ley inglesa. Sobre esta base se ha
erigido la libertad de prensa; sobre esta base todavía se erige’… (4 Elliot’s
Debates, p. 570). El derecho a la libre discusión acerca del servicio de los
funcionarios públicos era entonces, según Madison, un principio fundamental de
la forma estadounidense de gobierno.
A pesar de que la
ley de sedición nunca fue sometida al examen de esta Corte, los que
cuestionaron su validez han ganado en los tribunales de la historia. Multas
impuestas a raíz de la aplicación de la ley fueron devueltas por una ley del
Congreso que se fundamentaba en que la ley era inconstitucional. Ver, entre
otros, ley del 4 de julio de 1840, c. 45, 6 Stat. 802, acompañada por H.R.Red.
Nº 86, 26th. Cong. 1st. Sess. (1840). Calhoun, informando al Senado el 4 de
febrero de 1836, presumía que la invalidez de la ley era una cuestión ‘de la
cual nadie duda ahora’. (Report with Senate Bill, Nº 122, 24th.
Cong. 1st. Sess., p. 3). Jefferson,
como presidente, perdonó a aquellos que habían sido convictos y sentenciados en
virtud de la ley, y devolvió el importe de sus multas, declarando: ‘He absuelto
a toda persona con juicio o castigo bajo la ley de sedición porque consideré,
como sigo considerando ahora, que esa ley es nula, de una nulidad tan absoluta
y palpable como si el Congreso nos hubiera ordenado prosternarnos y reverenciar
una imagen de otro’ (Carta a la
Señora Adams , 22/7/1804, 4 Jefferson’s Works, Washington ed.,
p. 555-556). La invalidez de la ley también ha sido presumida por ministros de
esta Corte (citas omitidas). Estas observaciones reflejan un amplio consenso en
que la ley, dad la restricción que impone sobre la crítica al gobierno y a los
funcionarios públicos, no era consistente con la enmienda I.
Lo que un Estado
no puede constitucionalmente condenar por medio de una norma penal sobre
injurias, tampoco puede ser punible por una norma civil. El miedo a las
indemnizaciones que pudieren exigir en virtud de una norma como la invocada por
los tribunales de Alabama en este caso, puede resultar marcadamente más
inhibitorio que el miedo a la persecución penal… omissis…Supuestamente una
persona acusada de cometer una injuria penalmente sancionable tiene las
salvaguardas ordinarias de la ley penal, tal como el requisito de una acusación
formal y la necesidad de que el Estado pruebe su caso más allá de toda duda
razonable.
Estas salvaguardas
no existen para el demandado en una acción civil. La sentencia promovida en
este caso —sin necesidad de ninguna prueba de daño pecuniario actual— fue mil
veces mayor que la pena máxima prevista por la ley penal de Alabama, y cien
veces mayor que la prevista en la ley de sedición. Y si bien no puede
condenarse dos veces por el mismo delito, este principio no se aplica a los
juicios civiles, de lo que resulta que esta sentencia no es necesariamente la
única que puede dictarse contra los apelantes por la misma publicación. Si bien
un periódico puede o no sobrevivir a una sucesión de tales sentencias, el miedo
y la intimidación impuestos sobre aquellos que alzan su voz a la crítica
pública crean una atmósfera en la cual las libertades de
la enmienda I no pueden sobrevivir. Palmariamente, la ley de Alabama sobre
injuria civil ‘es una norma que crea dificultades a las libertades protegidas
marcadamente mayores que aquellas que se tienen bajo la ley penal’ (citas
omitidas).
El estado de
derecho no se resguarda al permitir la defensa de la verdad… Una norma que
intimida a los críticos de la conducta de un oficial público requiriendo la
verdad de todas las aserciones —y haciéndolo bajo castigo de juicios por
injurias virtualmente ilimitados en su monto— devendrá en algo comparable a la
autocensura…omissis… Pensamos que la garantía constitucional requiere una norma
federal que prohíba a un funcionario público solicitar indemnización por
injurias falsas relacionadas con su conducta como funcionario, a menos que
pruebe que tales expresiones fueron hechas con malicia —esto es, con
conocimiento de que eran falsas o con culpa grave acerca de si las mismas eran
o no falsas…omissis… Sostenemos hoy que la Constitución limita
el poder de un Estado para determinar los daños por injurias en acciones que se
hubieren promovido por funcionarios contra los críticos de su conducta oficial.
En razón de que
ésta es una acción de ese tipo, la regla que requiere la prueba de malicia
resulta aplicable…omissis…
Aplicando estos
parámetros, consideramos que la prueba presentada a fin de probar la malicia
carece de la claridad y convencimiento que la norma constitucional requiere, y
por lo tanto no resulta suficiente para sostener la sentencia a favor del demandante
bajo la aplicación de la regla. El caso de cada uno de los peticionantes por
separado requiere poca discusión. Aun asumiendo que constitucionalmente
pudieran ser encontrados como habiendo autorizado el uso de sus nombres en la
publicación, no hay prueba de ningún tipo que indique que ellos estuvieron al
tanto de las expresiones erróneas o que fueron negligentes en ese respecto. La
sentencia contra ellos carece de sustento constitucional.
En cuanto al
‘Times’, concluimos de igual manera ya que los hechos no demuestran que se
hubiere actuado con dolo…omissis… Aun si la solicitada no era ‘sustancialmente
correcta’ —a pesar de que las pruebas aportadas por los demandados tienden a
probar que sí lo fue— tal opinión era cuanto menos razonable y no hay prueba
para atacar la buena fe de los testigos que la sostuvieron. La falta de
retractación por parte del ‘Times’ a requerimiento del señor Sullivan, a pesar
de que se retractó posteriormente a requerimiento del gobernador Patterson,
tampoco es una muestra adecuada de dolo a nivel constitucional. Si bien el no
retractarse puede o no constituir tal prueba, hay dos razones que nos llevan a
pensar que aquí no lo es. (Primero, porque en una carta dirigida al señor
Sullivan, aunque ‘The New York Times’ admitió que el comedor nunca
había sido cerrado, el diario cuestionó la posibilidad de que un error en la
solicitada hubiera podido afectar al señor Sullivan. Segundo, porque ‘The New
York Times’ no rechazó la posibilidad de una retractación de forma definitiva,
sino que pidió una explicación acerca de cómo el actor habría sido afectado por
la solicitada.) Tampoco el retractarse en virtud del requerimiento del
gobernador aportó la prueba necesaria. Es cuestionable que la falta de
retractación que no es en sí prueba de dolo pueda convertirse retroactivamente
en tal por una retractación subsecuente hecha a otra parte. Pero en todo caso,
esto no ha ocurrido aquí ya que la explicación dada por el Secretario del
‘Times’ para distinguir entre el señor Sullivan y el gobernador resultaba
razonable, y su buena fe no puede ser aquí cuestionada.
Finalmente se ha
probado que el ‘Times’ publicó el aviso sin chequear su exactitud contra los
archivos de noticias del propio periódico. La mera existencia de noticias en
los archivos no determina que el ‘Times’ supiera que el aviso era falso, ya que
no se ha probado el tipo de conocimiento necesario para constituir malicia en
cabeza de los individuos del ‘Times’ responsables de la publicación del aviso.
Con respecto a la falta de aquellas personas en controlar la veracidad del
aviso, el expediente muestra que confiaron en la buena reputación de muchos de
aquellos cuyos nombres habían sido colocados como firmantes de la solicitada y
en una carta de A. Philip Randolph conocido como una persona responsable, que
certificaba que el uso de tales nombres se hallaba autorizado. También existe
testimonio de personal del ‘Times’ que expresó que no
veía nada en tal aviso que pudiera resultar inaceptable a la política del
‘Times’ de rechazar avisos que contuvieran ‘ataques de carácter personal’; la
falta de rechazo del aviso sobre esta base no fue irrazonable. Consideramos que
la prueba contra el ‘Times’ a lo sumo ha 516 Corte Suprema de Justicia de la Nación - Secretaría de
Jurisprudencia llegado a demostrar negligencia en descubrir los errores y es
constitucionalmente insuficiente para mostrar la culpa grave requerida a fin de
determinar la existencia de malicia…omissis…
También entendemos
que la prueba resulta constitucionalmente defectuosa en otro aspecto: fue
incapaz de apoyar la conclusión del jurado de que las expresiones supuestamente
injuriosas fueron hechas ‘sobre y referidas a’ Sullivan…omissis…
No hay referencia
al señor Sullivan en la publicación ni por nombre ni por cargo. Un cierto
número de las expresiones supuestamente injuriosas …omissis…ni siquiera se
relacionaban con la policía …omissis… Las expresiones que Sullivan entiende
como referidas a su persona eran dos expresiones que se referían a la policía o
a las funciones de policía: que ‘caminones de la policía …omissis… circundaron
el campus de la
Universidad estatal de Alabama’ después de una demostración
en las escalinatas de la
Legislatura estatal y que el doctor King había sido
‘arrestado…omissis… en siete oportunidades’. Estas expresiones eran falsas sólo
en que si bien la policía se había desplegado cerca del campus, no lo habían
circundado y no había conexión alguna con la demostración efectuada en la Legislatura ; y que el
doctor King sólo había sido arrestado en
cuatro oportunidades. La sentecia que estableció que las discrepancias entre lo
ocurrido y lo que había sido sostenido resultaban suficientes para configurar
injurias al demandante, puede sugerirnos problemas constitucionales, pero no
necesitamos considerarlos aquí. Si bien las expresiones pueden tomarse como
referencia al señor Sullivan en forma individual.
El sustento para
esta referencia debe entonces surgir del testimonio de los testigos propuestos
por el señor Sullivan; sin embargo, ninguno de ellos sugirió que existiera base
para creer que Sullivan en sí había sido atacado por la publicación más allá
del simple hecho de que estaba a cargo del Departamento de Policía y en virtud
de ello debía cargar con la responsabilidad por la conducta de la
policía…omissis… El uso del hecho de que el demandante ocupaba una posición
oficial (para considerar que había sido injuriado) fue hecho explícito por la Corte Suprema de
Alabama.
Esta proposición
tiene inquietantes implicancias en cuanto a las críticas de la conducta del
gobierno. Con buena razón ‘ninguna Corte de última instancia en este país ha
sostenido jamás o siquiera sugerido que las acciones por injurias al gobierno
pueden tener lugar en la jurisprudencia norteamericana’ (‘City of Chicago v.
Tribune Company’, YLL 595,601, 139 NE 86, 88). La presente proposición evitaría
este obstáculo al transformar la crítica al gobierno, no importa cuán personal,
y en virtud de ello en una potencial injuria a funcionarios del gobierno del
que ellos forman parte… Sostenemos que tal proposición no puede
constitucionalmente ser utilizada para determinar que lo que de otra forma
sería un ataque impersonal a las operaciones de gobierno, fueron injurias al
funcionario responsable por tales operaciones…omissis…
El fallo de la Corte Suprema de
Alabama es revocado y el caso es remitido a esa Corte para que se continúe el
proceso en forma consistente con esta opinión. Revocado y reenviado.
El Sr. Juez Black acompañado por el Sr. Juez Douglas
(opinión
concurrente)
Concurro en
revocar esta sentencia de medio millón de dólares contra la compañía New York
Times y los cuatro peticionantes individuales. Al revocar la Corte sostiene que “la Constitución delimita
el poder del Estado de conceder indemnizaciones por daños y perjuicios por
difamación en acciones promovidas por funcionarios públicos contra críticos de
su conducta oficial”. Baso mi voto para revocar en la creencia de que las
Enmiendas I y XIV no meramente “delimitan” el poder de un Estado para otorgar
indemnizaciones por daños y perjuicios a “funcionarios públicos contra críticos
de su conducta oficial” sino que completamente prohíben a un Estado el
ejercitar tal poder. La Corte
llega a sostener que un Estado puede someter a tales críticos a indemnizaciones
si puede ser probada “malicia real” contra ellos. “Malicia”, aun como la define la Corte , es un concepto
elusivo, abstracto, difícil de probar. Este requerimiento de que la malicia
deba ser probada provee a lo sumo una evanescente protección para el derecho a
discutir críticamente asuntos públicos y ciertamente no se encuentra a la
altura de la firme salvaguarda encarnada en la Enmienda I. …omissis…
.
El veredicto de
medio millón de dólares dramáticamente prueba, sin embargo, que las leyes
estatales sobre difamación amenazan la propia existencia de una prensa
estadounidense lo suficientemente viril como para publicar perspectivas
impopulares sobre los asuntos públicos y lo suficientemente audaz como para
criticar la conducta de los funcionarios públicos.
Omissis…
Omissis…
Interpretaríamos,
creo, más fielmente la
Enmienda I al sostener que como mínimo permite al pueblo y a
la prensa libre el criticar a funcionarios y el discutir asuntos públicos con
impunidad.
…omissis… Lamento
que la Corte se
haya detenido antes de llegar a esta conclusión indispensable para preservar a
nuestra prensa libre de su destrucción.
El Sr. Juez
Goldberg acompañado por el Sr. Juez Douglas
(concurriendo en
el resultado)
En mi opinión, las
Enmiendas I y XIV de la
Constitución otorgan al ciudadano y a la prensa un privilegio
incondicional, absoluto para criticar conducta oficial a pesar del daño que
pudiera surgir de los excesos y abusos. Omissis…
Nuestra
experiencia nacional enseña que las represiones engendran odio y que “el odio
amenaza al gobierno estable” (Whitney vs. California, 274 US 357, 375, 47 S.Ct.
641, 648, 71 L .Ed.
1095, Brandeis, J., concurriendo).
Omissis…
Por estas razones,
creo firmemente que la
Constitución otorga a los ciudadanos y a la prensa una
libertad incondicional de criticar la conducta oficial. Necesariamente se
desprende que en un caso como éste, donde todos acuerdan que las afirmaciones
presuntamente difamatorias se relacionan con conducta oficial, las sentencias
por difamación no pueden ser constitucionalmente sostenidas.
